El próximo 7 de agosto llegan a su fin ocho años de gobierno del presidente Juan Manuel Santos. En este espacio de Vehículos hacemos un balance de cómo le fue al Ministerio de Transporte, la cartera encargada, entre otros asuntos, de lo que atañe a nuestros lectores. En términos generales el balance es bueno sobre todo en la construcción y ampliación de carreteras, ítem en el cual el país llevaba décadas de atraso. El reto es continuar con esta dinámica para lo cual el nuevo gobierno recibe varios proyectos andando.
La accidentalidad vial es uno de los grandes lunares. Las metas para frenar las muertes en calles y carreteras no se cumplieron y por el contrario las cifras son similares a las de hace diez años. Los motociclistas, ciclistas y peatones siguen siendo los más afectados y poco se ha hecho para que esta población sea protegida, así como hacer más exigentes los requisitos para la expedición de licencias de conducción.
Al gobierno entrante le quedan dos aspectos por llevar a buen término que favorecen a los automovilistas y en general a los usuarios de las carreteras: la implementación total de los peajes electrónicos y de los nuevos controles a la operación de los sistemas de foto detección de infracciones. Así mismo una profunda reforma y modernización del Código Nacional de Tránsito.
En cuanto a la adopción obligatoria de nuevas tecnologías que contribuyan a salvar vidas, como los sistemas ABS y airbag, hay que avanzar en el caso de los primeros en las motocicletas como ya ocurre en otros países, y claro, otros que aún falta hacer obligatorios de fábrica como los controles de estabilidad (ESP y EBD, por sus siglas) en los autos.
1. El pase sigue ‘saliendo en un tamal’
La nota positiva en lo que tiene que ver con las licencias de conducción la obtuvo la unificación del documento. Antes del 2014 había un verdadero galimatías con cerca de ocho documentos diferentes, todos válidos. Ese año se cambió la presentación y se pusieron reglas claras en cuanto a su vigencia.
El lado negativo está en que a pesar de las buenas intenciones, el Ministerio de Transporte no logró mejorar el proceso de licenciamiento, las exigencias se quedaron en papel y no se sabe hasta cuándo. La Resolución 1349 del 2017 impuso dos exámenes, uno teórico y otro práctico ante los nuevos Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (Cale) para toda persona que aspirara a obtener por primera vez su licencia de conducción. El aspirante debe pasar las dos pruebas. Además, las escuelas de conducción debían adecuar un espacio de mínimo de 1.000 m2 para la instrucción (pistas). Esto debió empezar a regir en mayo de este año. El problema más grave esta con los motociclistas pues la moto nueva la ‘entregan con el pase’.
2. Fin al negocio de las ‘fotomultas’
Esta ha sido tal vez la medida mejor recibida por los conductores. Tuvieron que pasar dos años de intensos forcejeos en el Congreso para que éste aprobara la Ley que les puso freno a los abusos de los sistemas de detección electrónica de infracciones de tránsito, llamadas popularmente ‘fotomultas’, un negocio fraguado entre alcaldes y contratistas privados que al final se quedaban con la mayor parte de la torta en detrimento de las arcas municipales. Si las cosas se cumplen como lo ordena la Ley, los actuales operadores deberán, a más tardar a fin de este año, proceder al cumplimiento de los requisitos exigidos para la operación de sus sistemas, que deberán ser claramente identificados con 500 metros de antelación a los sitios donde estén ubicados los radares y cámaras. Los requisitos son para los nuevos operadores y para los actuales, que de no cumplirlos deberán desmontar sus equipos.
3. ABS y airbags obligatorios, medida lenta pero segura
La primera patente la registró Bosch en 1936, y solo hasta 1978 se inició la producción en serie del primer sistema antibloqueo ABS en Mercedes-Benz (Clase S) y poco después en BMW (Serie 7). En la Unión Europea y Estados Unidos desde los años 2002 empezó a ser exigido como equipo obligatorio de fábrica en todos los vehículos. Solo 15 años después y tras siete de estar engavetado en el gobierno Santos y frenado por conveniencia de unas marcas, el sistema de frenos ABS y los dos airbags delanteros fueron incorporados de forma obligatoria en Colombia a partir del 1 de enero del 2017.
4. Peajes electrónicos en marcha
A más tardar en marzo de 2019 todos los peajes deberán tener un sistema alterno electrónico y para eso los usuarios tendrán a su disposición un dispositivo único (TAG) que les permitirá pagar la tarifa con cargo a una cuenta o mediante un sistema prepago. En la actualidad Colombia tiene 141 peajes, de los cuales solo 40 cuentan con este sistema, aunque deberán adecuarse al estándar tecnológico que estableció el Ministerio de Transporte. El año entrante todas las concesiones viales deberán contar con por lo menos un carril semiautomático por sentido hasta implementar el sistema en todas las casetas, aunque deberán tener uno habilitado para pago en efectivo.
5. Muertes en las vías no dan tregua
En el 2011 el gobierno nacional, a instancias de la Asamblea General de la ONU y la Organización Mundial de la Salud (OMS), se comprometió a reducir la accidentalidad en más del 50 por ciento durante la puesta en marcha de la llamada ‘Década de la Seguridad Vial 2011-2020’. Ese año se dieron a conocer tres frentes de trabajo: 1. Mejorar la infraestructura vial (diseño de vías con seguridad); 2. Mejorar el comportamiento de los usuarios en las vías mediante campañas pedagógicas y ejercicio sostenido de control; 3. Homologar varios instrumentos de seguridad, tanto en vehículos como en motos (como airbag y frenos ABS desde los carros más económicos) e introducir tecnologías de control.
En los tres frentes se avanzó, se creó la Agencia de Seguridad Vial, se incorporaron el ABS y los airbags obligatorios y se mejoró la infraestructura de vías. Pero algo salió mal. Las carreteras siguen siendo inseguras en términos de seguridad vial. De más de 11 mil kilómetros analizados por iRap International, solamente 88, en tramos no continuos, obtuvieron una calificación de cinco estrellas. Los demás se rajaron al lograr menos de dos estrellas en seguridad.
Salvo los cambios en la modernización del ‘pase’ (del documento físico) el proceso de licenciamiento continúa sin mayores exigencias. Pero lo más grave, las muertes en siniestros viales desplazaron en los últimos años a las causadas por el conflicto armado. Los promedios no han variado. En el 2011, en Colombia hubo, según el Informe Forensis ‘Datos para la vida’, 5.792 muertes derivadas de accidentes de transporte, y 40.806 víctimas. Entre tanto, en 2017 fallecieron 6.754 personas en siniestros de tránsito y hubo 40.115 personas lesionadas.
En las conclusiones del informe Forensis 2017 se dice que “las concentraciones se encuentran en las mismas características de años anteriores. El hombre es el más afectado en accidentes de transporte en lesiones fatales y no fatales; para el primer caso, alcanza el 81,29% en el territorio colombiano (5.491 casos) y el 18,71% para las mujeres (1.263). Analizando el medio de transporte, alrededor del 82% de las muertes y heridos en Colombia se concentran en los denominados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) “usuarios vulnerables de la vía pública”: peatones (26,50% fallecidos y 19,78% heridos), usuarios de bicicleta (5,55% fallecidos y 6,62% heridos) y los ocupantes de motocarro o motocicleta (49,82% fallecidos y 56,36% heridos).
6. Las tablas de liquidación del impuesto de vehículos
Un contrato celebrado en el año 2015 entre el Ministerio de Transporte, en cabeza en ese entonces de Natalia Abello, con la firma Datasoft Ingeniería, para “el diseño de la metodología, basado en un modelo matemático para definir la base del impuesto de vehículos”, desató una tormenta en el país por la gran cantidad de errores, entre ellos, el desmedido aumento en el avalúo de los vehículos.
El problema llegó a tal punto que tras una demanda el Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional como medida cautelar de urgencia. Luego el lío se ‘arregló’ con una nueva tabla de avalúos en la que se pasó de 3.000 a más 12.000 líneas de vehículos, un verdadero galimatías en el que quedaron enredados los propietarios. La situación y otros hechos sobrevinientes desencadenaron la renuncia de Abello y su viceministro, Enrique José Nates.
Por estos hechos la Contraloría General de la República inició un proceso fiscal en contra de la ministra y otros funcionarios por supuesto daño patrimonial por las tablas de avalúo. Según ese organismo de control, el resultado del contrato no cumplió con la finalidad para el cual se suscribió, pues la metodología para establecer la base gravable a través de la modelación matemática para los vehículos usados no sirvió y el contrato no determinó con mayor precisión la línea de cambio de valores, la devaluación y depreciación de los vehículos.
7. No hubo reforma al Código de Tránsito
Con más de 16 años a cuestas y unas cuantas cirugías (fue expedido mediante la Ley 769 de 2002), el actual Código Nacional de Tránsito necesita con urgencia una reforma de fondo acorde con el avance y desarrollo de nuevas tecnologías. Las reformas hechas a dicha Ley solo han contribuido a crear confusión como la que modificó los límites de velocidad sin ningún criterio técnico pero que ha servido para que los organismos de tránsito hagan su agosto todo el año con las multas por ‘exceso de velocidad’. El CNT también es obsoleto en cuanto a la iluminación de los vehículos y no tiene la flexibilidad para adoptar como obligatorias normas y tecnologías que ayuden a salvar vidas. Los sistemas ABS y airbags llegaron de forma obligatoria a Colombia vía resoluciones. Y las pocas reformas que se intentaron en los últimos ocho años fracasaron por el poco interés y desconocimiento del Congreso de la República en esta materia.
8. Agencia Nacional de Seguridad Vial, mucho ruido y mucha plata
El 27 de Diciembre de 2013, mediante la Ley 1702, se creó con bombos y platillos la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Solo dos años más tarde, en diciembre de 2015, empezó a operar. Con autonomía administrativa, fuerte músculo financiero y patrimonio propio, la ANSV no estuvo exenta de los intereses políticos al punto que causaron polémica las primeras designaciones para dirigirla. Sobre el papel sería la máxima autoridad para la aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacional, para lo cual su planta de personal estaría conformada por expertos, sin embargo su labor no se ha visto y se ha limitado a comerciales en medios y al lanzamiento de costosas campañas de prevención en diferentes departamentos pero de las cuales poco se sabe sobre su efectividad y resultados. Tanto así que a comienzos de este año la Procuraduría General de la Nación comenzó a investigar un convenio entre la Agencia y Findeter por un valor de 35.000 millones de pesos, con un pago adicional a los servicios prestados por esta última de 2.800 millones, con el propósito de reducir los siniestros y mejorar la seguridad vial en 26 departamentos.
9. El salto en carreteras
“Desde la conquista de Colombia hasta el año 2010 había un poco más de 700 kilómetros de dobles calzadas. Durante este gobierno hemos construido 1.400 nuevos kilómetros para llegar a más de 2.100”. La frase es del ministro de Transporte, Germán Cardona, en declaraciones para EL TIEMPO el domingo anterior, e ilustra bien lo que pasó en materia de infraestructura vial en el país en los últimos ocho años.
Si bien aún faltan obras por concluir como la Ruta del Sol, el paso de La Línea y la nueva carretera al puerto de Buenaventura, entre otras, el avance es notable si se tiene en cuenta que quedan contratados más de 900 nuevos kilómetros de doble calzada.
