El pasado 10 de septiembre el Ministerio de Transporte expidió la Resolución No. 3944 que fija las nuevas tarifas de los más de 140 registros que utilizan los colombianos cuando hacen un trámite en la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito, Runt.
Esto no es novedad pues por Ley el Ministerio debe ajustar las tarifas cada año según el Índice de Precios al Consumidor, IPC. Lo que generó malestar en diferentes sectores, especialmente de las motocicletas (en agosto se matricularon más de 45.000), es que a partir de la fecha cada ciudadano que se inscriba en el Runt deberá pagar 13.700 pesos. Antes la inscripción era gratuita.
Para los vendedores de motos este es un costo que se le va a sumar al comprador y que les perjudica, pues a pesar del repunte en las ventas, impuestos como el IVA de la última reforma tributaria les ‘espantó’ la clientela.
Según los datos del Runt, entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2018 se efectuaron 502.597 inscripciones. De acuerdo con los promedios de inscripción de los últimos dos años, en lo que queda del 2018 se inscribirían unas 320.000 personas, cifra que multiplicada por 13.700 representarían un recaudo cercano a los 4 mil millones de pesos. Esto es sólo por el cobro de uno de los 143 trámites realizados por el Runt.
De lo que también se quejan algunos es que un proceso que antes era gratuito y demoraba apenas cinco minutos, ahora cuesta $13.700 y se está demorando hasta dos días mientras se confirma el pago.
Pero en el Runt sostienen que su plataforma está funcionando y que solo en Bogotá el operador de los trámites no ha podido incorporar el cobro por asuntos internos, por lo cual no están inscribiendo nuevos usuarios y los están trasladando a municipios vecinos.
¿Por qué van a cobrar?
Para conocer el origen de esta decisión hay que remontarse a los años 2008 – 2009 cuando empezó a operar la plataforma Runt, que por ese entonces tuvo serios problemas en su funcionamiento. No obstante, después de diez años de operación el Runt es hoy la ‘memoria’ histórica del parque automotor y proveedor de cifras, datos e información confiable utilizada a diario por los colombianos para todo tipo de trámites relacionados con tránsito y transporte.
Sobre el cobro de la inscripción por primera vez, EL TIEMPO pudo establecer que éste estaba incluido desde un principio en el contrato de concesión. Sin embargo, el entonces ministro de Transporte Andrés Uriel Gallego, a través de la Resolución 4775 del 1 de octubre de 2009, determinó que este proceso sería gratuito para los colombianos.
Con los años el asunto quedó así, pero según una fuente del Runt, cada vez que se posesionaba un nuevo Ministro de Transporte iban con la ‘cantaleta’ del cobro de la inscripción, pero no les paraban bolas ni les daban una solución.
La demanda
El único intento que se hizo para subsanar el problema ocurrió cuando se expidió la Resolución 02108 del 2 de julio de 2015 que estableció el cobro de $10.100 para la inscripción en el Runt.
Dos meses después, el 24 de septiembre, el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 03531 que echaba para atrás el cobro y determinó al mismo tiempo “devolverles a los usuarios que efectuaron el pago en el término de un mes…”. La decisión de reversar el cobro la tomó en ese entonces la ministra Natalia Abello, quien acató un concepto de la Contraloría General de la República que en un informe calificó ese cobro como indebido.
Al pasar el tiempo y sin posibilidad de llegar a un acuerdo o una conciliación para solucionar el lío del cobro por la inscripción, la Concesión Runt decidió demandar al Ministerio de Transporte para recuperar el dinero que había dejado de percibir en estos años.
En resumen, tras dos años de litigio un Tribunal de Arbitramento estimó que los demandantes tenían razón y ordenó al MinTransporte pagar la suma de 25.000 millones de pesos que ahora saldrán de los impuestos de los colombianos.
Pero este no es el único lío. El 30 de abril de 2019 termina el contrato del actual operador del Runt. A la fecha nadie da una explicación. Lo cierto es que desde comienzos de este año el Gobierno debió empezar el proceso para estructurar una nueva licitación así como el traspaso de la información y la infraestructura del Runt a un nuevo operador.
“A nosotros nadie nos ha notificado nada. Le propusimos al Gobierno prorrogar el contrato pero no hubo respuesta. No sabemos si vamos a seguir o qué va a pasar», dice Orlando Patiño, gerente General del Runt. Por ahora solo resta esperar que el Gobierno estructure una nueva licitación y la tenga lista antes del 30 de abril de 2019.
El peor escenario es que el Runt se paralice, lo que pondría en grave riesgo una buena parte de la cadena de negocios del sector automotor, como la compra y venta de vehículos, traspasos y licencias de conducción, por nombrar solo algunos de los trámites que se hacen a través de la plataforma. A esto hay que agregar que el Ministerio no tiene la capacidad para hacerse cargo de la operación del Runt, pues toda la experiencia la tiene el actual concesionario.
¿A dónde va la plata?
El Registro Único Nacional de Tránsito, Runt, es una plataforma que contiene la información de todos los vehículos que circulan en Colombia, de los conductores, seguros, infracciones, accidentes de tránsito y empresas de transporte público (historial de trámites realizados por estas, identificación de empresas, vehículos, propiedad y representación legal, tarjetas de operación, etc.) Al Runt están conectados todos los organismos de tránsito del país. Desde su creación en el 2009 no solo frenó los fraudes y puso fin al obsoleto sistemas de las ‘carpetas’. Hoy controla y actualiza en tiempo real la información del sistema de transporte en todo el territorio nacional.
Según el artículo 9° del Código Nacional de Tránsito, la sostenibilidad del sistema debe estar garantizada únicamente con el cobro de tarifas. De esos recursos también depende la operación, la compra y mantenimiento de equipos y la nómina, entre otros costos.
La distribución de los ingresos es así: 91 por ciento para concesionario, de los cuales el 11 por ciento debe ser destinado a un fondo llamado “Fondo de Reposición de equipos y tecnología” que se utiliza con ese propósito exclusivo. 3 por ciento destinados para el pago de la Interventoría; y 6 por ciento para el Ministerio de Transporte.
