Entre los años 2012 y 2017 se vendieron en Colombia 3’708.159 motocicletas. Al terminar el primer semestre de este año se matricularon otras 260.448. Detrás de cada nuevo vehículo, o en este caso las motos, hay una feroz pelea de tarifas entre las oficinas de gestión de tránsito para quedarse con la mayor parte de esa jugosa cifra.
Si a esto se le suman los valores de trámites como expedición de licencias de conducción, cambios de motor o de pintura, traspasos de usados, matrículas de vehículos particulares y de servicio público nuevos y muchos otros más, la bolsa crece. Por ejemplo, al terminar junio se hicieron 373.834 traspasos de vehículos y 156.074 de motocicletas.
Traducidas estas cifras a pesos, con base en lo que cuesta hacer un traspaso en Bogotá se entiende el porqué de esa ‘guerra’ de tarifas entre las oficinas autorizadas.
El traspaso de un carro en cualquiera de las sedes de Servicios Integrales para la Movilidad (SIM), concesionario a cargo de los trámites en la capital del país cuesta, 135.700 pesos, de los cuales $97.600 se quedan en el Distrito; $34.200 van al Ministerio de Transporte y otro tanto para el Registro Único Nacional de Transporte, Runt y el concesionario de los trámites.
En el caso de la matrícula de carros o motocicletas el valor es más alto. En Bogotá hay que pagar 385.200 pesos por los vehículos y 212.000 pesos por las motos.
Esa plata se la reparten entre los ‘dolientes’ que mencionamos arriba. De la matrícula de un automóvil nuevo al Distrito le entran 275.900 pesos; al Ministerio de Transporte, $96.600 y al Runt, 12.700 pesos.
Esta es una de las partes más grandes del pastel pues a las ciudades además les interesa quedarse con el dinero recaudado por concepto de impuesto de vehículos, que no tiene una destinación específica pero que representa unos ingresos atractivos cada año. Por esta razón entran en juego los municipios vecinos que le compiten a Bogotá.
En motocicletas, aunque el 94 por ciento es de baja cilindrada no pagan impuesto de tenencia o mal llamado rodamiento (motores menores a 125 cm3), sí representan un gran volumen en matrículas y licencias de conducción porque la ‘moto se la entregamos con pase’ dicen algunos vendedores.
La Unión Temporal de Servicios Integrales y Especializados de Transporte y Tránsito de Cundinamarca, Siett, es el concesionario encargado de todos los trámites en los municipios que cuentan con un organismo de tránsito. En cualquiera de ellos matricular un carro nuevo cuesta 224.300 pesos, 160.900 pesos menos que en Bogotá; y de una moto, 179.300 pesos, 32.700 pesos. En Bogotá además hay que pagar una tarifa por
semaforización.
Estas diferencias de precios han provocado una migración de las matrículas hacia municipios aledaños. Veamos: En Bogotá, en el 2015 se matricularon 16.380 motos nuevas; en el 2016 se bajó a 7.690 y en el 2017 solamente 4.150. En el 2015 Funza era el primero con 23.692 motos nuevas matriculadas; el año pasado solo alcanzó 8.135.
Ahora es Soacha el municipio que encabeza esa competencia por el registro de las motos nuevas. Pasó en el 2015 de 830 motos matriculadas a 19.920 en el 2017 y este año, a junio 30 suma 21.551 motos nuevas matriculadas.
Situación idéntica ocurre en otras capitales con sus municipios vecinos: En Antioquia, por encima de Medellín están Envigado, Itagüí y Sabaneta; a Cali, le compiten Florida y Guacarí. En el Huila, Palermo y Rivera le llevan enorme ventaja a Neiva, y lo mismo les pasa a Girón y Floridablanca con Bucaramanga en Santander.
En muchas ciudades son los concesionarios y vendedores los que deciden en dónde matriculan la moto o el carro nuevo, si el cliente no hace un pedido específico sobre el lugar del cual quiere las placas, lo cual representa un problema futuro cuando el propietario tenga que pagar los impuestos pues a veces, sobre todo en el caso de las motos, no les dicen en dónde la matricularon.
Ha habido también denuncias según las cuales algunos organismos dan ‘comisiones’ a los tramitadores por llevar matrículas nuevas.
El problema grande
A estas alturas usted se estará preguntando a qué van estas cifras si finalmente lo que le interesa al usuario es que le hagan los ‘papeles’ de forma ágil y segura. En eso hay que reconocer que ha mejorado sustancialmente la eficiencia en los trámites e incluso no se requieren tramitadores como en otras épocas de ingrata recordación por las largas filas y la corrupción. Esa ya es otra historia.
El problema como se ha denunciado en otras oportunidades es para las capitales del país que, de forma paralela a la pérdida de recursos por la migración de matrículas, están asumiendo el costo de la siniestralidad de las motos, los trancones, el desorden en el tráfico y la afectación física de calles y avenidas con el aumento del parque automotor pues deben invertir más en mantenimiento y reparcheos.
Hay casos puntuales. En Rivera, Huila, municipio con un poco más de 18.000 habitantes hay matriculadas más de ¡152.000 motos! que ruedan en Neiva; las casi 350.000 matriculadas en Floridablanca y Girón andan por Bucaramanga y por Medellín pasa lo mismo con casi 750.000 motos que tienen matrícula de Envigado, Itagüí y Sabaneta.
Las muertes y choques son los problemas más delicados pues aparte del costo en vidas implican trancones y un mayor número de agentes de tránsito disponibles lo cual se traduce en mayor presupuesto.
Así como entre el 2012 y el año pasado crecieron las ventas de motos, en ese mismo lapso murieron 17.891 motociclistas y 131.034 quedaron heridos.
Esa es una realidad inocultable. En varias oportunidades desde el mismo gobierno se ha planteado una serie de medidas que van por una parte desde insistir en la cultura y seguridad vial para frenar las muertes; y por otra, para mejorar el recaudo, eliminar la exención de impuestos y peajes a las motos, un Soat más costoso y, claro, mejorar el transporte público para desestimular su uso.
Soluciones hay, especialmente en el ítem de las muertes de motociclistas. En una columna titulada ‘La otra guerra’, publicada en El Espectador, Mauricio García Villegas decía que en el país no se han dado los pasos para resolver esta tragedia.
“Esos pasos son, primero reconocerla y luego aceptar que se puede resolver. ¿Por qué es tan difícil lograr eso? En primer lugar porque a los alcaldes les da miedo enfrentar este problema y les da miedo (un miedo cobarde y negligente) porque se volvió un asunto político. Ante el más mínimo intento de regulación, los motociclistas se juntan y paralizan el movimiento urbano”.
Y puntualiza su columna con un mensaje para los motociclistas: “En esto también tienen una enorme responsabilidad, muchos solo están interesados en que el uso de la moto siga como está: peligroso y libre. Si realmente pensaran en términos colectivos (no como una sumatoria de individuos) se tomarían en serio las cifras de accidentalidad, dejarían de asumir la vida como una aventura y sabrían que la autorregulación los favorece”.
*Cifras del Runt e Instituto de Medicina Legal.
